El Área Metropolitana de Tucumán (AMET) o el Gran San Miguel de Tucumán o, más sencillamente, el Gran Tucumán, es una mancha urbana uniforme, donde se comparten las mismas virtudes y los mismos problemas, aunque fragmentada por la burocracia en 28 administraciones públicas diferentes: siete municipios, 19 comunas y los gobiernos provincial y nacional.
Según proyecciones de Naciones Unidas, Tucumán alcanzaría su máximo demográfico en 70 años, al igual que la Argentina, cuando la provincia llegaría a albergar a cinco millones de habitantes, fecha en que el crecimiento demográfico comenzaría a descender, con tasas de natalidad por primera vez negativas, y con el 60% de la población mayor de 50 años.
De los cinco millones de tucumanos para esa época, no tan lejana, alrededor de 2100, tres millones y medio se aglutinarán en el Gran Tucumán, una sola metrópolis que, según se estima, se extenderá desde El Cadillal hasta Bella Vista, y desde Ranchillos y Los Ralos hasta San Javier, dividida en siete departamentos, nueve municipios y más de 30 comunas. Es decir, la burocracia administrativa ya estará integrada por 41 administraciones distintas gobernando la “misma ciudad”. Además, según las proyecciones, la provincia alcanzará los 230 habitantes por kilómetro cuadrado, aunque el AMET condensará a más de 12.000 personas cada 100 hectáreas. En la actualidad, sólo la Capital registra una densidad de 6.600 vecinos por km2 y recibe 30.000 vehículos por hora.
Sabemos que el presente del AMET, con más de un millón de habitantes, atraviesa por numerosos problemas y conflictos comunes. El colapsado tránsito del Camino del Perú, tema que LA GACETA vino abordando durante las últimas semanas, aunque es motivo de preocupantes informes, columnas de opinión y editoriales del diario desde hace años, es un claro ejemplo de los perjuicios que ocasiona la fragmentación administrativa, ya que involucra a la Provincia (es la ruta 315, o lo era), a tres municipios y a varias comunas, lo que dificulta alguna solución para esa caótica y muy peligrosa carretera, por la que transitan miles de vehículos del AMET por día, de oeste a este y viceversa. Esta disgregación política se hace extensiva a decenas de dificultades comunes en el área metropolitana, a veces separadas tan sólo por una calle o un cauce de agua. Algunos de estos problemas, conocidos y padecidos por la mayoría de los tucumanos, y que se agravan a medida que se expande la mancha urbana, son la falta de conectividad entre los distritos (la Municipalidad estima que hacen falta al menos 14 puentes sólo en los márgenes de la capital, una ciudad rodeada por cursos de agua, naturales y artificiales); las inundaciones cada vez más dañosas; el transporte público, donde no se entiende que funcionen dos tarjetas de colectivos en una sola urbe y que no existan alternativas al ineficiente y costoso servicio de ómnibus, como trenes de cercanía o metrobuses.
La lista de desafíos que se agravan cada año es extensa. Sólo por citar otras de las más gravitantes: contaminación, del aire y del agua; derrames cloacales; arterias angostas y en mal estado; manejo del suelo disociado; desarrollo urbano desigual; tratamiento de los residuos; falta de espacios verdes; y servicios públicos en general, escasos en la periferia. Este panorama plantea la urgente necesidad de una gobernanza metropolitana, como funciona exitosamente en otras ciudades argentinas, para superar la profunda fragmentación administrativa, con normas superpuestas y a veces contradictorias, separadas tan solo por una calle, y más aún, pensando en una ciudad que reunirá 3,5 millones de personas en unas décadas.